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COMUNICADO - MOROSIDAD Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

07-05-2010

Estamos ante una de las mayores crisis financieras de las últimas décadas provocada por el afán de enriquecimiento y acumulación de poder en unas pocas personas, cuyas consecuencias, como siempre, pagamos la ciudadanía, las/os trabajadoras/es y las pequeñas entidades.

El objetivo de este comunicado es explicar nuestra situación y reivindicar nuestros derechos.

COMUNICADO - MOROSIDAD Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

AEIS Madrid es una asociación patronal que agrupa diferentes entidades sin ánimo de lucro (cooperativas, asociaciones, federaciones y fundaciones) desde las que trabajamos en el ámbito de la Intervención Social, precisamente para conseguir una sociedad más justa, más equitativa y más sostenible que mejore el bienestar de la ciudadanía.

Como consecuencia del sistema capitalista y de libre mercado, que deriva en situaciones de crisis como la actual, el ámbito de lo social se ve afectado poniendo en serio riesgo su viabilidad. Aspectos como los recortes presupuestarios (a favor de otras áreas más rentables o motivadas por intereses económicos y políticos cuestionables), largas demoras en los pagos, suspensión de Programas y Proyectos sociales que se venían desarrollando, etc., componen el escenario en el que nos encontramos. Las políticas sociales siempre han estado sujetas a limitaciones presupuestarias pero, en el momento actual, dichas limitaciones se están llevando a cabo de manera sistemática obstaculizando el desarrollo social.

Lo más grave de esta situación es que son las entidades públicas las principales deudoras o morosas. Esto genera, en las empresas y entidades pequeñas, miedo a reclamar o denunciar la situación ya que la financiación proviene de la administración. La consecuencia de ejercer el derecho a reclamar el pago de lo trabajado en muchas ocasiones ha sido no poder acceder a contratos públicos, al ser vetadas desde las propias administraciones. Y no sólo eso, sino que la normativa se incumple por sistema y sería muy lento y costoso reclamar cada incumplimiento de pago.

Desde las entidades que formamos parte de AEIS Madrid se apuesta tanto por la calidad en la prestación de servicios como por conseguir unas condiciones dignas para las personas trabajadoras y, por tanto, por el establecimiento de mecanismos internos y externos que repercutan en el reconocimiento y mejoras de ambos aspectos.

Queremos subrayar que, en relación al trabajo que desarrollamos, la actuación de las administraciones, agravada por la situación de crisis, provoca inestabilidad en los presupuestos y por lo tanto en el desarrollo de los proyectos, lo que dificulta su planificación y continuidad. No es una novedad que, ante la necesidad estructural de recortes presupuestarios públicos, el ámbito social sea el que sufra éstos de forma más aguda. Hemos visto como se caen bloques enteros de trabajo relacionados con género, juventud, participación ciudadana, migración, VIH, menores, etc. Esto no sólo supone menos trabajo para nuestras entidades, sino que las peores consecuencias se centran en las personas destinatarias de los proyectos y, por ende, en la ciudadanía en su conjunto. Un Estado, Comunidad Autónoma o Ayuntamiento que deja de invertir en el desarrollo personal, comunitario y social de su ciudadanía ataca directamente a los derechos y oportunidades que ésta tiene de desarrollarse plenamente.

Además de las quiebras y costes empresariales, el aumento de la morosidad se convierte en un obstáculo a la libre competencia y circulación de bienes y servicios, e introduce innecesariamente costes financieros y administrativos que lastran, aún más, la competitividad de nuestras entidades.

Nuestra situación es más delicada pues somos entidades sin ánimo de lucro, por lo que los ingresos percibidos se destinan a los fines directamente asociados a las actividades desarrolladas, o se reinvierten en las entidades para incrementar la dotación patrimonial o las reservas de las mismas. El retraso en los pagos, que atenta contra la capacidad de liquidez de nuestras entidades, y la incertidumbre característica de este proceso crítico, suponen un desgaste práctico y emocional al tener que pensar, desde los órganos de decisión y gestión de nuestras entidades, de forma cotidiana cómo salvar las consecuencias y cómo compatibilizar la situación personal con la situación laboral, combinado con dar respuesta y soluciones al coste del personal contratado. Debido a esta realidad, las estrategias adoptadas por algunas de nuestras entidades han sido la reducción y hasta la suspensión de nóminas, o el establecimiento de reducciones de jornada, lo que en algunos casos ha supuesto la asunción por parte de algunos y algunas trabajadoras de otros trabajos que completen los ingresos necesarios. En definitiva, las demoras de pago aumentan la precariedad laboral de las personas que trabajan en entidades sin ánimo de lucro a pesar de seguir realizando su trabajo diariamente.

Se nos exige el cumplimiento de nuestro trabajo, asumiendo costes y adelantos de nóminas y de gastos de los proyectos. Nosotras/os cumplimos nuestra parte y a cambio la Administración Pública incumple la normativa en los pagos.

Estas estrategias que adoptamos de manera individual son las únicas respuestas posibles de las que disponemos. Es una situación injusta y basada en la perversa lógica de poder del mercado capitalista. No estamos pidiendo nada que no sea nuestro, estamos pidiendo que se nos pague nuestro trabajo, para tener unas condiciones dignas y para ofrecer la calidad que queremos a las personas a las que van dirigidos nuestros proyectos.

Ya antes de esta situación, la administración nos situaba a las empresas y entidades pequeñas -que aplicamos un código ético y de calidad a nuestro trabajo- en desventaja con las grandes entidades que ofrecen mejores ofertas económicas a costa de recortar el salario del personal que contratan.

Hoy exigimos que se nos escuche más allá de nuestro pequeño entorno, esperando que se tomen medidas para garantizar nuestros derechos y los de toda la ciudadanía, y conseguir lo que es justo; el pago acordado por nuestro trabajo en los plazos establecidos por la ley, ya sea una subvención o un contrato.

Por todo lo anterior, las entidades que formamos parte de AEIS Madrid pedimos a las administraciones públicas:

  • Que asuman su compromiso de pago con las entidades a las que contratan y/o subvencionan.
  • Que la administración del Estado garantice nuestros derechos exigiendo a Ayuntamientos y Comunidades que ejecuten los pagos pendientes en los plazos que exige la ley.
  • Que se establezcan cauces eficaces que faciliten la denuncia y eviten represalias hacia las entidades.
  • Que se introduzca un código ético ejemplarizante del comportamiento para las Administraciones Públicas que les obligue a asumir las consecuencias de la demora en los pagos como es el abono de los intereses moratorios.
  • Que se establezca la exención de la obligación de pago del IVA  y de otras obligaciones fiscales para las empresas acreedoras mientras no cobren los importes debidos.

 

En Madrid, a 7 de mayo de 2010.

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